El lunes comenzará a funcionar de manera pausada la cuarentena administrada con la habilitación de nuevas actividades por parte del gobierno nacional que responderá a los pedidos en común de los gobernadores en medio del avance del coronavirus. La flexibilización será aún más lenta de lo previsto en los distritos con mayor población, ya que los intendentes podrán impedir alguna de las aperturas previstas por Alberto Fernández.
Los pedidos de los jefes provinciales de apertura del aislamiento en los territorios que comandan no abundan y son comunes en muchos de ellos. Por eso Fernández termina de diagramar este fin de semana la lista en la que les concederá muchas de estas solicitudes como la venta online y por delivery.
Muchos gobernadores dejaron este reclamo por escrito y otros, como Omar Perotti (Santa Fe), no hizo ninguna presentación formal pero era uno de los pedidos informales. Las ópticas podrán abrir y atender a los clientes con turno previo, tal como comenzaron a hacer las entidades bancarias. Los profesionales de la salud como dentistas que ahora solo atendían urgencias también estarán habilitados. “Mucho whatsapp, pero poco protocolo arriba de la mesa”, dicen en la Quinta de Olivos sobre las solicitudes de los gobernadores, según publica Perfil.com
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue quien recolectó la solicitud de los levantamientos y los derivó al Ministerio de Salud para que dé su aprobación. Ayer por la tarde revisó cada punto con el presidente Alberto Fernández. “No son grandes pilas de papeles, apenas hay dos o tres reclamos fuertes por provincia”, dicen en el Gobierno. Algunos serán aprobados este fin de semana y comenzarán a regir el lunes.
Este viernes al mediodía Cafiero recibió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para evaluar la posible flexibilización en el territorio bonaerense. Llegó con algunos reclamos de los intendentes y los protocolos para poder cumplir con ellos. Pero acordaron que no habrá ninguna apertura distinta a la dispuesta por el gobierno nacional hasta el 26 de abril, cuando se termina la tercera etapa del aislamiento preventivo, social y obligatorio impuesto el 20 de marzo.
En el Conurbano y ciudades grandes en el interior bonaerense como Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca no habrá flexibilización y se intensificarán los controles en la vía pública, sobre todo en el transporte público. En estos distritos aún podrían ser más duros que las disposiciones nacionales. Kicillof iniciará una nueva serie de consultas este fin de semana para determinar en qué intendencias se habilitan las nueva disposiciones nacionales.
“Los intendentes del Conurbano quieren aún más restricciones y menos aperturas, si se decide que en su distrito el delivery no puede funcionar porque no puede garantizar que se cumplan los protocolos, no se habilitarán”, explicaron desde la gobernación.
Mientras que la Ciudad de Buenos Aires anunció que los adultos mayores de 70 años deberán tramitar un permiso de circulación obligatorio y específico para poder salir a la calle, en los distritos más poblados de la Provincia se trabaja en un protocolo de contención. Habrá un mayor seguimiento de esta población pero sin nuevas restricciones. Los intendentes ya trabajan en un registro de los adultos mayores para monitorear sus movimientos.
“Trabajamos en un esquema de contención buscando que no salgan a la calle. Si lo hacen, que el día que lo hagan sirva para cumplir con distintas actividades como la vacunación o el día de cobro”, cuentan cerca del gobernador. Kicillof y otros jefes provinciales también pidieron la reactivación de la obra privada. En el caso de la Provincia pretenden que solo se retome en los distritos del interior después del 26 de abril y solo para “obras en los hogares” en la que haya apenas dos o tres trabajadores como máximo.
Otros distritos como Formosa hablan de obras privadas con hasta diez trabajadores. Otras provincias pidieron la apertura de actividades locales como Salta, que solicitó que se habilite todo el proceso industrial del tabaco. En la Rosada esperan conocer los detalles para ver si el gobernador puede garantizar que sus trabajadores estén resguardados ante el avance del coronavirus en el país.
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