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Una disposición del Juzgado de Faltas de Resistencia limita los ruidos en manifestaciones frente a Casa de Gobierno, hospitales y escuelas. La medida generó debate y críticas por posibles restricciones al derecho a protestar.
Una fuerte polémica se instaló en la provincia del Chaco luego de que comenzara a aplicarse una disposición que prohíbe la utilización de bombos, redoblantes y otros instrumentos de percusión durante manifestaciones en determinados sectores de la ciudad de Resistencia.
La medida se fundamenta en resoluciones del Juzgado de Faltas de Resistencia, que buscan limitar la contaminación sonora en zonas consideradas sensibles, especialmente en las inmediaciones de edificios públicos, hospitales y establecimientos educativos.
Según se informó, la restricción apunta principalmente a manifestaciones que se desarrollan frente a la Casa de Gobierno, la Casa de las Culturas y otras dependencias estatales, lugares donde habitualmente se concentran protestas gremiales y sociales.
PROTESTAS EN «SILENCIO»
De acuerdo con las disposiciones vigentes, las manifestaciones no están prohibidas, pero sí se restringe la utilización de elementos que generen ruidos considerados excesivos, como bombos, redoblantes o megáfonos a alto volumen.
En ese marco, efectivos de la Policía del Chaco recibieron instrucciones de notificar a los manifestantes sobre la normativa y solicitar el cese de los instrumentos de percusión cuando se registren en las zonas alcanzadas por la medida.
La situación ya se registró recientemente durante una protesta gremial en la capital chaqueña, donde agentes policiales pidieron a integrantes de un sindicato que dejaran de utilizar bombos mientras se manifestaban frente a la Casa de Gobierno. La protesta continuó, aunque sin instrumentos.
IDENTIFICACIÓN DE MANIFESTANTES
Otro punto que también generó controversia es que las fuerzas de seguridad fueron autorizadas a identificar a las personas que participan de las manifestaciones, como parte de los controles vinculados al cumplimiento de estas nuevas disposiciones.
El argumento oficial sostiene que la medida busca garantizar el orden público y proteger a instituciones sensibles, mientras que desde sectores gremiales y sociales advierten que podría interpretarse como una limitación indirecta al derecho a la protesta.
El debate ya comenzó a instalarse en distintos ámbitos políticos y sindicales del Chaco, donde algunos sectores consideran que se trata de un intento de “silenciar” las manifestaciones, mientras que otros sostienen que es una herramienta para regular el ruido en zonas críticas de la ciudad.
